En medio de las movilizaciones agrarias en Europa, que comenzaron en Francia y rápidamente se extendieron por el resto del continente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, anunció que propondrá al colegio de comisarios la retirada del Reglamento sobre el uso sostenible de productos fitosanitarios, que pretendía reducir un 50% el uso y riesgo de los plaguicidas en 2030.
Los agricultores piden que se ablanden las exigencias de las políticas medioambientales europeas y se reformen los acuerdos comerciales con terceros países, de manera que se les pidan las mismas condiciones de producción que a los productores comunitarios.
El pleno del Parlamento Europeo ya rechazó en noviembre el informe aprobado por su Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre el proyecto legislativo de la Comisión. Bruselas retomará las consultas antes de presentar una nueva propuesta “mucho más madurada con la participación de las partes interesadas”, señaló la presidenta de la Comisión.
Tras la retirada de este proyecto, se espera que el Ejecutivo comunitario presente un nuevo texto normativo, en el que se consideren las condiciones de producción en la UE. El anuncio de Von der Leyen llega días después de la reunión que la presidenta de la Comisión mantuvo con el sector agrario, representado por el COPA-COGECA (Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias-Confederación General de Cooperativas Agrarias).
Para el presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, el anuncio refleja que “la presidenta de la Comisión Europea empieza a cumplir las promesas que lanzó el pasado jueves a ASAJA. Para nosotros este reglamento era una barbaridad ideológica sin base científica, un eslogan político dirigido al ecologismo radical, que situaba un porcentaje arbitrario de reducción de fitosanitarios. ¿Por qué un 50% y no un 80%, un 30% o un 0%? Los agricultores somos los primeros que queremos usar menos productos fitosanitarios, porque nos cuestan dinero y esfuerzo, pero si nos quitan una materia activa la Administración nos debe facilitar alternativas eficaces contrastadas. Continuar así lo único que provocaría sería disminuir la producción europea y seguir aumentando el precio de los alimentos a los consumidores”.
AVA-ASAJA también reiteró la necesidad de establecer reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros, de tal manera que todas las exigencias que la UE decida aprobar a los productores europeos, como la prohibición de determinadas materias activas fitosanitarias, sean también obligatorias para las producciones foráneas con destino al mercado comunitario.
