La Unión Europea ya cuenta con su primera ley dedicada exclusivamente al suelo. La Directiva (UE) 2025/2360 sobre vigilancia y resiliencia del suelo, conocida como Soil Monitoring Law, fue adoptada por el Parlamento Europeo y el Consejo el 12 de noviembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la UE el 26 de noviembre y entró en vigor el 16 de diciembre de ese año. Los Estados miembros tienen plazo hasta el 17 de diciembre de 2028 para incorporarla a sus legislaciones nacionales.
El diagnóstico que motiva la norma es elocuente. Según la Comisión Europea, entre el 60 y el 70% de los suelos del bloque se encuentran en mal estado, un problema presente en todos los países miembros y que le cuesta a la UE al menos 50.000 millones de euros al año. La directiva aborda todas las formas de degradación: erosión, compactación, salinización, contaminación, sellado del suelo y pérdida de materia orgánica y de biodiversidad edáfica. Su objetivo de largo plazo es que todos los suelos europeos estén sanos en 2050.
El eje central es la vigilancia. Cada país deberá organizar su territorio en «distritos del suelo» y evaluar su salud con descriptores comunes, que caracterizan los aspectos físicos, químicos y biológicos de cada tipo de suelo, y con una metodología de muestreo armonizada a nivel europeo. Los Estados miembros informarán sus resultados a la Comisión y a la Agencia Europea de Medio Ambiente cada seis años. Para apoyarlos, Bruselas reforzará su programa de muestreo LUCAS Soils, que se combinará con datos satelitales de Copernicus y con información nacional y privada, y pondrá en marcha un nuevo portal de datos sobre salud del suelo.
La norma incluye además un capítulo sobre sitios contaminados. Los países deberán elaborar, dentro de los diez años siguientes a la entrada en vigor, una lista pública de sitios potencialmente contaminados y gestionar los riesgos inaceptables para la salud humana y el medio ambiente. A los 18 meses de su entrada en vigor, es decir, a mediados de 2027, deberá estar lista una lista indicativa de sustancias emergentes que podrían representar un riesgo para el suelo y sobre las que se necesitan más datos.
Uno de los puntos más negociados fue el impacto sobre el sector agrícola. El Parlamento Europeo subrayó que la directiva no impone nuevas obligaciones a propietarios ni a gestores de tierras, incluidos agricultores y silvicultores. La Comisión, por su parte, precisó que la ley no fija metas vinculantes, no prohíbe actividades ni exige nuevos permisos, y que ofrece a los Estados miembros amplia flexibilidad para adaptar la vigilancia a sus condiciones locales. Lo que sí establece es el deber de los gobiernos de apoyar a los agricultores en la mejora de la salud y la resiliencia de sus suelos, entre otras cosas mediante un mapeo de las fuentes de financiamiento disponibles.
La lógica es que la información generada llegue al campo. Según la Comisión, los datos ayudarán a los productores a elegir las prácticas más adecuadas para aumentar la fertilidad y los rendimientos, con un menor consumo de agua y nutrientes, y alimentarán otras políticas europeas, como la Política Agrícola Común.
Para la industria de los bioestimulantes y las biosoluciones, la directiva es una señal relevante. Como destaca el portal especializado Bioestimulantes Agrícolas, el texto reconoce explícitamente la importancia de la biodiversidad del suelo, incluidos bacterias, hongos, protistas y nematodos, y abre la puerta al análisis de ADN como herramienta de monitoreo. Además, vincula la salud del suelo con su capacidad de retener agua, mitigar inundaciones y almacenar carbono.
En ese contexto, el medio especializado plantea que los productos que mejoran la rizosfera, solubilizan nutrientes, favorecen las micorrizas o aportan sustancias húmicas y fúlvicas ganarán protagonismo, al igual que los bioestimulantes que aumentan la eficiencia en el uso de nutrientes. También anticipa una mayor demanda de asesoría técnica capaz de interpretar análisis biológicos de suelo y diseñar estrategias de regeneración que integren cubiertas vegetales, rotaciones y biotecnología.
Con todo, ese impulso no vendrá por la vía de la obligación al productor, sino por la de la información y los incentivos. Será la forma en que cada Estado miembro transponga la norma, y el apoyo que ofrezca a sus agricultores, lo que determine cuánto espacio real ganan las prácticas regenerativas y las herramientas biológicas en los suelos europeos.
